La sentencia Penny Market y los límites europeos a la intervención en los mercados alimentarios.
La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el asunto Penny Market plantea una cuestión de enorme relevancia para el futuro de las políticas alimentarias europeas: ¿pueden los Estados intervenir directamente en la formación de los precios de los alimentos para combatir la inflación?
El mensaje del Tribunal no se dirige tanto a los fines perseguidos como a los medios utilizados: la consecución de objetivos de interés general no exime a los Estados de respetar los principios que estructuran el mercado interior europeo.
El contexto: inflación alimentaria y respuestas excepcionales
La normativa húngara analizada por el Tribunal nació en un contexto extraordinario. Ante el fuerte incremento de los precios de los alimentos tras la invasión rusa de Ucrania, Hungría obligó a determinadas cadenas de distribución a aplicar descuentos mínimos del 15% sobre ciertos productos básicos y a mantener niveles mínimos de abastecimiento.
La medida perseguía un objetivo políticamente comprensible: aliviar el impacto de la inflación sobre los consumidores. Sin embargo, el TJUE considera que el remedio elegido vulnera principios esenciales del mercado interior europeo.
La competencia sigue siendo un principio estructural
Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia es que el Tribunal vuelve a situar la competencia en el centro del funcionamiento de la cadena alimentaria.
La obligación de vender determinados productos por debajo de los precios libremente fijados y de mantener cantidades mínimas en stock impide a los operadores adoptar decisiones comerciales basadas en criterios económicos propios. Para el Tribunal, esta limitación afecta directamente a elementos esenciales de la organización común de mercados agrícolas.
No se trata únicamente de una cuestión de libertad empresarial. Lo que está en juego es la propia lógica de funcionamiento del mercado interior y la capacidad de los operadores para competir en igualdad de condiciones.
La proporcionalidad como criterio decisivo
La sentencia tampoco cuestiona que la lucha contra la inflación o la protección de los consumidores vulnerables constituyan objetivos legítimos.
Lo que cuestiona es la eficacia y coherencia de la medida elegida.
El Tribunal observa que la obligación solo afectaba a determinados operadores de gran tamaño y que una parte significativa de los consumidores a los que supuestamente pretendía proteger ni siquiera tenía acceso efectivo a esos establecimientos. En consecuencia, concluye que la medida no supera el examen de proporcionalidad exigido por el Derecho de la Unión.
Más allá de Hungría: un mensaje para toda la Unión
La importancia de la sentencia va mucho más allá del caso concreto.
Durante los últimos años, la inflación, las crisis energéticas, las tensiones geopolíticas y las preocupaciones sobre la asequibilidad de los alimentos han reabierto el debate sobre el papel del Estado en los mercados agroalimentarios.
El TJUE no cierra ese debate. Pero sí recuerda que la intervención pública debe diseñarse dentro de los límites del mercado interior, respetando los principios de competencia, proporcionalidad y libre prestación de servicios.
Una señal en un momento de revisión regulatoria
La sentencia llega además en un momento especialmente significativo. La Comisión Europea ha situado la simplificación normativa, la competitividad y una mejor aplicación del Derecho de la Unión entre las prioridades de la presente legislatura. La iniciativa A Simpler, Clearer and Better Enforced EU Rulebook (sobre la que hicimos un post que puede verse aquí) refleja precisamente esa voluntad de combinar objetivos públicos ambiciosos con una regulación más eficaz y mejor ejecutada.
En este contexto, Penny Market puede interpretarse como una nueva manifestación de una tendencia más amplia: la búsqueda de un equilibrio entre intervención pública y funcionamiento eficiente de los mercados.
Una conclusión provisional
Más allá del caso húngaro, la sentencia plantea una cuestión que probablemente marcará buena parte del debate regulatorio europeo en los próximos años: cómo conciliar una creciente demanda de intervención pública con la necesidad de preservar los mecanismos que hacen funcionar los mercados.
La sucesión de crisis de la última década —financiera, sanitaria, energética, geopolítica e inflacionaria— ha ampliado las expectativas sobre la capacidad de los poderes públicos para corregir desequilibrios económicos y proteger a los ciudadanos. Sin embargo, cuanto más intensa es la intervención, mayor es también la exigencia de justificar su necesidad, su eficacia y su proporcionalidad.
La sentencia Penny Market parece recordar que la verdadera fortaleza de la regulación no reside en su capacidad para sustituir al mercado, sino en su capacidad para corregir sus fallos sin comprometer los principios que sostienen su funcionamiento. Un equilibrio cada vez más difícil de alcanzar, pero también cada vez más decisivo para la competitividad, la seguridad jurídica y la legitimidad de las políticas públicas europeas.
