Hace poco tiempo leía sobre recientes informes que señalaban las dificultades de  nuestras exportaciones en mercados terceros, basados en diferencias normativas y esos resabios neoproteccionistas que son tan propios del sector agroalimentario. Y es verdad que se incrementan los costes y se entorpece la libre competencia en el sector agroalimentario, uno de los más sometidos a reglamentación y procedimientos administrativos  de entre todos los que configuran una economía. Somos especialistas en poner trabas.

Pero es que algo muy similar ocurre a nivel comunitario, que  a pesar de sustentarse en un sistema legislativo común, vemos cómo de manera creciente se permite o acepta la existencia de diferencias normativas entre los Estados que acaban reduciendo la competitividad de nuestra empresas, ,a sea imponiendo barreras, ya sea con requisitos administrativos innecesarios que complican la gestión, imponen costes no racionales y crean inseguridad jurídica.

Es bueno que se llame la atención sobre estos hechos y se recuerde a las autoridades que si no hay racionalidad y una lógica normativa, toda la cadena agroalimentaria está perdiendo valor y agilidad en sus operaciones – exportación, importación, servicio al cliente, oferta al consumidor… -, todo un lujo que no nos podemos permitir.

Pero es que, reflexionando sobre estos hechos, me vino a la mente que quizás estemos mirando a lo lejos cuando nos olvidamos de lo más cercano, y que de ello se habla poco – o nada-.

Me explico: lo mismo que nos pasa fuera nos pasa en casa, que no olvidemos, es el grueso del mercado de nuestras empresas y de su impacto positivo para la economía y el empleo, la contribución a las arcas públicas, etc.

Me he tomado la molestia (con ayuda de algunos amigos) de recopilar algunas iniciativas legislativas y administrativas que se han lanzado en los últimos meses que afectan a la cadena agroalimentaria en dos ámbitos clave: la salud  y la sostenibilidad. Veamos sus resultados.

En materia de salud y alimentación tenemos:

  • Navarra: Decreto Foral 3/2019 por el que se establecen medidas de fomento de estilos saludables  de alimentación y ejercicio físico en las escuelas infantiles y centros escolares no universitarios;
  • Comunidad Valenciana: Decreto 84/2018 de fomento de la alimentación saludable y sostenible en Centros de la Generalitat; Ley 26/2018 de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia
  • Islas Baleares : Decreto 39/2019 sobre la promoción de la dieta mediterránea en los centros educativos y sanitarios de las Illes Balears;
  • Madrid: anteproyecto de ley de Salud Pública de la Comunidad de Madrid.
  • Murcia: moción para el estudio y toma en consideración de la elaboración de una ley de promoción de vida saludable y alimentación equilibrada.

Todas estas iniciativas se inscriben en el tiempo entre finales de 2018 y la fecha presente. La pregunta es… ¿responden a una necesidad? Seguramente sí. ¿Tanto varía la alimentación de un murciano y la de un tolosano? Seguramente no. ¿Podrían seguir todas las iniciativas un marco común? Sería muy deseable. Sobre todo porque se podría conseguir el fin último del legislador – a saber, mejorar la calidad de vida del ciudadano y su salud- sin crear condiciones diferentes, inseguridad jurídica a las empresas  y no incurrir en costes vacíos de sentido.

Otro ejemplo, la sostenibilidad. En los últimos tres meses se nos han anunciado,

  • un Plan de Residuos para Andalucía para la Economia Circular en 2030,
  • Un proyecto de ley de Residuos y suelos contaminados en Galicia,
  • Un Plan Integral de Residuos en Canarias ,
  • Un anteproyecto de ley de Cambio Climático en el País Vasco,
  • Un Plan Integral de residuos en la Comunidad Valenciana.

Otra vez cabe hacerse las mismas preguntas: ¿es necesario el salto a una economía circular y alinearse con los ODS? Sin duda. ¿Podrían armonizarse métodos, sistemas, modelos de gestión, sistema de evaluación, objetivos…? Seguramente sí. Seríamos más eficientes, se reducirían los costes y eliminaríamos complejidad.

Algunos a esta altura del post habrán concluido que mis motivaciones son políticas, y hasta pueden haberme encasillado. Pues no, no va por ahí. Con el marco jurídico que tenemos en España se puede hacer mucho más para racionalizar la consecución de objetivos necesarios para  nuestra sociedad, pero de forma más eficiente y menos costosa. El sector ha demostrado continuamente su capacidad de adaptación a los retos que la sociedad y las circunstancias le han ido poniendo por delante. Pero si ahora lo hacemos más fácil racionalizando la forma de afrontarlo, lo agradecerá. Y será bueno para todos.

Seguiremos hablando de este fascinante – pero al parecer tabú- asunto .

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