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En un reciente informe del World Economic Forum [1] , el Director de Chatham House escribe sobre la creciente influencia del nacionalismo. La primera de sus conclusiones es que las instituciones internacionales (NNUU, OMC, OMS, BM, FMI) están llamadas a la reforma y a jugar un rol critico en la gestión de cuestiones esenciales para la población, para lo cual su legitimación es esencial.  Pero también defiende ordenar los Estados de manera que compartan sus decisiones en materia de bienes públicos globales (sostenibilidad, cambio climático, prevención de pandemias) tanto a nivel supranacional como regional, aunque manteniendo un nivel adecuado de supervisión nacional.

Es curiosamente de los pocos autores que subraya el profundo cambio que necesitamos en materia de gobernanza [2], y que la realidad nos está poniendo de cara.

La pandemia también ha dejado en evidencia que la forma en que encajan los diferentes niveles de poder no es ni la mejor, ni la más racional y que en todo caso ninguno de ellos estaba preparado para afrontar una situación como la actual.

Empecemos por arriba; se ha criticado y se critica mucho a la OMS en su gestión durante estos meses, pero habría que recordar que sus poderes son limitados, precisamente porque sus miembros (los Estados) así lo han querido hasta ahora. Si la OMS no puede ir más allá de recomendaciones, análisis, benchmarking y asistencia técnica, no podemos pedir luego que lidere sin poderes una pandemia global.

El debate está ya encima de la mesa, pero me temo que no va para corto ni habrá de ser fácil. Es evidente que habría que darle poderes, capacidad y medios para controlar los acuerdos internacionales y hacerlos cumplir, al tiempo que se introducen cambios en su responsabilidad política – hoy en día inexistente ya que carece de control político stricto sensu-.

Pero otro tanto ocurre en Europa, donde la responsabilidad primaria de la protección de la salud y los servicios están en manos de los Estados miembro, correspondiendo a la Comisión la promoción de la salud, la vigilancia y la cooperación con los Estados – y un así, mucho se ha hecho-.

También a nivel europeo se están levantando voces para hacer más común esta política, aunque me temo que dos escollos –  el modelo común de seguridad social y la financiación – no lo van a hacer fácil. En todo caso ahí está el debate y será uno de los puntos calientes de la próxima Conferencia sobre Europa que ya se está preparando.

A nivel nacional la situación no difiere mucho, con un modelo en el que las competencias son de las CCAA, se unifican desde el estado de alerta y luego se llevan hacia la co-gobernanza.

Pero como decía al inicio, en ninguno de los tres casos parece que el modelo haya funcionado adecuadamente – es un eufemismo-, y es una razón mayor para replantear la situación. La globalización nos está obligando a ello puesto que cada día los problemas son de mayor calado e imposibles de resolver de manera unilateral.

Se impone una racionalización y racionalidad en la necesaria arquitectura de los sistemas de gobierno, y lo que es más importante, no solo por cuestiones políticas, sino por razones profundamente económicas. Las nuevas obligaciones regulatorias que nos imponen la neutralidad carbónica y la sostenibilidad son un buen ejemplo de ello.

Asumiendo su necesidad, se sobreponen obligaciones que emanan desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, la Unión Europea, el Estado y hasta las CCAA de manera deslavazada y abrumadora, tanto que difícilmente puede ordenarse el proceso y digerirlo. Y si de por si el cambio ya es profundo y extenso, con incertidumbre económica no deberíamos hacerlo ni más costoso ni ineficiente.

No es fácil el cambio, y el que menos el global; pero debería haber voluntad política de cambio para allanar el camino a una gobernanza más racional.

A nivel europeo, el primero que se me ocurre es como apuntaba más arriba, aprovechar la Conferencia de Europa para hacer más “cartesiano” nuestro modelo Europa- Estados- Regiones de reparto de competencias y participación. Mas cartesiano, pero ojo, también más democrático. Por otro lado, sería necesario un control más férreo de las iniciativas de los Estados, que aprovechan cualquier resquicio para introducir legislación nacional y minar el mercado único: una suerte de cláusula de “stand still” según la cual los Estados miembros no podrían legislar en una materia cuando existiera una iniciativa UE, sería un buen comienzo.

A nivel nacional el tema es más complejo, pero no por ello menos necesario.  Me conformaría con hacer un análisis de competencias entre Estado, CCAA y Ayuntamientos, recursos aplicados y eficiencia del modelo, para poner en evidencia los solapamientos e identificar los puntos críticos a resolver. Ya vendrían las soluciones ante un problema palmario que, de paso, podría permitir importantes ahorros y prevenir llamadas al incremento impositivo. Y ni siquiera estoy hablando de reforma constitucional, solo de buen gobierno.

Es importante hacer emerger este debate porque los hechos son tozudos y temas como la calidad democrática, la facilitación del cambio, la calidad del gasto público (y por ende de la política fiscal), el fortalecimiento de las economías y otros muchos se esconden detrás de la gobernanza.

 

 

 

[1] Special report Shaping a Multiconceptual World . www.weforum.org

[2] Según la RAE, “arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economia”.

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