Hace poco más de un año empezó en Europa la renovación institucional con las elecciones al PE, el nombramiento del nuevo Presidente del Consejo y finalmente, la entrada en funciones de la nueva Comisión Europea, Von der Leyen. 2
Muchas cosas están cambiando desde entonces, y el enfoque político de los grandes temas es completamente diferente. Uno de los mantras actuales es el de la simplificación legislativa como medio de aumentar la competitividad empresarial, algo que en principio todos aplaudimos como necesidad perentoria. Después de tantos años de frenesí legislativo, ahora toca calma, pensar, y manteniendo los principios, actuar de manera inteligente.
Sin embargo, lo que hemos visto hasta ahora como aplicación práctica deja mucho que desear, y es preocupante.
Pensemos por ejemplo en el paquete Ómnibus que modifica las Directivas CSRD, CS3D y la taxonomía. La idea es excelente y necesaria, pero la forma en que se está llevado a cabo es francamente mejorable: no se ha hecho análisis de impacto, no se ha considerado plenamente la consulta pública de 2023 , se crea inseguridad jurídica [1],… No es forma de hacer las cosas, y el problema que se intenta resolver no es menor, como recoge un reciente informe del Parlamento Europeo – Study requested by the JURI Committee on Reporting Obligations , – https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/IUST_STU(2025)773027 – , que critica abiertamente el proceder de la Comisión. Baste recordar que, siguiendo el ejemplo de BMW, una empresa tendría que calcular su huella de carbono cinco veces para cumplir con ese paquete normativo de reporting [2]
Otro ejemplo sangrante es la reciente propuesta de Reglamento que modifica el esquema de ayuda a las escuelas, la intervención sectorial, la creación de un sector de proteína , estándares comerciales,… y varias cosas más.
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/api/files/COM(2025)553_0/090166e51f84b8c5?rendition=false Se trata de un mix ininteligible con el que la Comisión quiere resolver de un solo golpe varias cuestiones que poco tienen que ver la una con la otra. Porque incluir en una misma propuesta legislativa disposiciones sobre alimentación escolar, denominaciones cárnicas, derechos de aduana, etc … no tiene lógica alguna.
Yo pensaba que este tipo de reglamentos habían quedado atrás, y que al menos los redactores de hoy podrían haber hecho recurso a la inteligencia artificial para hacer mas comprensible el texto, pero no, … parece que seguimos igual.
Es más. Otra vez el mismo problema que en el caso anterior: nada de consulta pública, nada de análisis de impacto, justificación injustificable, … reto al lector a que si es capaz de entenderlo – solo el título de la norma lo delata- , que por favor lo explique al resto de los mortales.
No solo es solo una cuestión de forma, está en juego más que eso; está en juego la credibilidad del sistema, la eficacia de la norma y la confianza de los operadores.
No parece cuestionable la intención de la Comisión, pero las formas denotan prisas, falta de criterio y mucha presión. Así es difícil acertar.
[1] Es el caso de España. No se ha cumplido el plazo de trasposición de la Directiva CSRD y la Comisión nos ha abierto expediente, pero al mismo tiempo la revisión ómnibus sigue su curso. Y el proyecto de ley de aplicación esta retenido …¿cuál es el camino a seguir?
[2] A este respecto, recomiendo el reciente post en LinkedIn de Maria Luisa Clavera Maestre sobre las cargas del reporting..
