¿Creíamos haberlo visto todo en lo que atañe a la sostenibilidad? Habíamos asumido que este término figuraría ya como piedra angular de toda cuestión regulatoria que se plantee en adelante, sin embargo, no lo habíamos visto todo.

Unas consideraciones que han sido históricamente relegadas a la responsabilidad social corporativa (la sostenibilidad) se convierten a una velocidad vertiginosa en amenazas regulatorias para las empresas. La sostenibilidad impacta también – y seriamente – en las finanzas empresariales y eso hace que tengamos que estar, si cabe, más atentos al asunto.

Dos tendencias a las que atender: los estándares de medición de la sostenibilidad y la trazabilidad en su cumplimiento y desarrollo.

Sobre los estándares de sostenibilidad:

Personalmente, cuando comenzó este mantra y los reguladores nos advertían de su interés, una de las cosas que me hacía pensar que iría para largo era la complejidad a la hora de medir la tan ansiada sostenibilidad. Entendía y me preocupaba la implantación de este término, pero, atendiendo a la coyuntura del momento, creí que la cordura se impondría en el camino: ¿cómo se va a regular sobre un término del que ni siquiera hay una definición uniforme?, ¿qué se podrá imponer en pro de algo tan difícil de medir? Una vez más, estas preguntas que se hace la sociedad quedan grande a los políticos. “Tú regula, ya veremos cómo se aplica”.

Pues, si bien tarde, la sostenibilidad es cada vez más mensurable. Actualmente, estamos en un momento de asentamiento de criterios objetivos que serán el común denominador de todo lo que pueda calificarse como “sostenible”.

En 2020, comienza a gestarse el ISSB (International Sustainability Standards Board), que no se estableció efectivamente hasta 2022. Se trata de un organismo que actúa como fuerza motriz para asentar normas de sostenibilidad a nivel global, trabajando en la adopción de estándares y conceptos comúnmente aceptados para orientar la acción.

Por parte de la UE, se adoptó en 2021 la Estrategia para unas Finanzas Sostenibles, un conjunto de normas interconectadas para incrementar el flujo de capital hacia la financiación de la transición a una economía más sostenible. El pilar de esta Estrategia es el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR). Así, para no quedar relegada por el ISSB, la UE hizo uso del Grupo Consultivo Europeo en materia de Información Financiera (EFRAG) para actuar en la misma dirección. EFRAG es una asociación privada que se creó en 2001 impulsada por la Comisión Europea, de forma que sirviera al interés público. En 2022, se amplía su misión para que preste asesoramiento técnico a la Comisión en el desarrollo de las normas de elaboración de informes de sostenibilidad. Esto serviría para el propósito de la Estrategia financiera europea.

Actualmente hay un totum revolutum de normas que regulan aspectos concretos relacionados con la sostenibilidad (e.g., deforestación, trabajo forzoso, debida diligencia…), pero, una vez más, derivan en una difícil aplicación. Las instituciones europeas, como ya es costumbre, meten esta amalgama de medidas en un “paquete legislativo”, que sirve como cajón de sastre para hacer acopio de normas que impactan profundamente a las empresas, y sobre las que acaba uno ciertamente confundido.

Como una imagen vale más que mil palabras, aquí el contenido de la Estrategia[1]:

[1] En verde, las ya aprobadas; en naranja, las que están en curso o suspendidas temporalmente.

Tanto el ISSB como EFRAG – y, en consecuencia, la UE en sus directrices – abordan ahora un reto: aplicar el enfoque de la “doble materialidad” en sus reportes financieros. La doble materialidad es un criterio que consiste en la apreciación de la bidireccionalidad: se evalúa cómo inciden las actividades empresariales en el entorno (medioambiental y socialmente), pero también cómo los factores externos (el entorno) inciden en su rendimiento financiero. Esto es para mí un gran punto de partida: el entender que las empresas dependen también de la coyuntura para poder aplicar lo que se les impone.

La UE, con la CSRD, implantará cambios significativos y aspira a introducir este enfoque de doble materialidad. Una decisión positiva en tanto en cuanto reconoce al fin la importancia de evaluar los riesgos y oportunidades, tanto desde el punto de vista financiero, como sostenible. Por su parte, el ISSB ha desarrollado y publicado en 2023 Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) donde prima el enfoque de doble materialidad. Así, se ponen en valor las necesidades de las empresas a la hora de cumplir con la ingente cantidad de normativa que les vincula.

Sobre la trazabilidad:

Ahora que podemos medir cómo de sostenibles son las empresas aparece otra cuestión: ¿cómo hacer un buen seguimiento de la aplicación de los estándares?

Las políticas hacen explícitamente responsables a las empresas de las repercusiones de sus actividades sobre la sostenibilidad. Esto hace que el foco se ponga sobre la trazabilidad, algo que se vuelve un infierno en cadenas de valor complejas, donde un error en la subcontratación puede costarle una crisis reputacional muy seria a las empresas.

El caso que nos atañe, el del sector agroalimentario, es uno de los mejores ejemplos de ello, pues una parte importante de los suministros (materias primas) provienen de mercados emergentes, lo que supone un potencial riesgo de incumplimiento de estándares de sostenibilidad. Así, se revela como un talón de Aquiles para el sector al que hay que prestar atención.

¿Cómo tratar la relación con los mercados emergentes? No sólo las empresas se deben preocupar por que sus proveedores internacionales cumplan los estándares impuestos, sino también abordar las consecuencias indeseadas que repercuten sobre ellos: para alcanzar emisiones cero neto en 2050, se calcula que harán falta 5 billones en inversión global cada año desde 2023 a 2030, y un 40 % de esa inversión deberá ir dirigida a mercados emergentes[1]. Aquí aparece otro obstáculo: ¿cuántas empresas de mercados emergentes pueden/cumplen el elevado listón del SFDR europeo?

Con el propósito de responder a todas estas cuestiones, aparecen nuevos agentes que prestan servicios con una alta tecnificación (IA, entre otras herramientas), algo que impactará de forma directa sobre la competitividad de las empresas. La trazabilidad requiere de un alto nivel de rigurosidad y diligencia, un proceso que sea transparente y basado en la evidencia para poder demostrar las buenas prácticas a lo largo de toda la cadena de valor.

En definitiva, una situación de la que van surgiendo aristas a cada rato y sobre la cual uno termina, o bien dejándose ir, o bien obsesionándose. La Unión Europea debe tratar de ser más pedagógica a la hora de poner encima de la mesa sus propuestas legislativas, de forma que, quienes las van a cumplir, se sientan escuchados como parte esencial del proceso y aplicación, y no los agraviados por las mismas. Asimismo, de puertas para afuera, también hay que invertir tiempo y recursos, pues todas estas imposiciones pueden representar grandes obstáculos operativos y comerciales, habiendo sido creados para el propósito contrario.

[1] Global Financial Stability Report – International Monetary Fund (October, 2023)