Carmen Báguena Ferratges
La Unión Europea nació como un proyecto de integración política, pero su origen es, en esencia, industrial y comercial.
En 1951 se creó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), un mecanismo pionero para coordinar la producción y el comercio de recursos clave. El objetivo era doble: reconstruir una economía devastada por la II Guerra Mundial y evitar futuras tensiones mediante la integración de sectores estratégicos. La CECA supuso el primer paso de lo que hoy conocemos como UE, y su lógica —la de hacer de la industria un pilar de estabilidad y cooperación— sigue siendo relevante.
Más de siete décadas después, la UE se enfrenta a un nuevo desafío: cómo mantener y fortalecer su capacidad industrial en un mundo marcado por la descarbonización, la competencia global y la dependencia de proveedores externos.
En este contexto surge la Industrial Acceleration Act (IAA), una iniciativa legislativa destinada a acelerar la producción industrial en Europa, especialmente de productos o materiales cuya producción genera muchas emisiones de CO₂ (acero, aluminio, cemento…), mediante el uso de instrumentos de mercado y de contratación pública.
Aunque la CECA y la IAA se sitúan en contextos muy diferentes, comparten una misma lógica estratégica: el refuerzo de la industria europea como herramienta de integración, seguridad y competitividad. En la CECA, el carbón y el acero eran sectores esenciales para la reconstrucción y la seguridad europea. En la IAA, materiales como el acero, el aluminio o el cemento vuelven a ser protagonistas, pero con una clave nueva: la descarbonización.
La IAA pretende crear “mercados líderes” para productos industriales bajos en carbono, utilizando el mercado único como palanca para impulsar la demanda y, con ello, ampliar la producción europea.
En términos de política industrial, esto supone una continuidad clara: la UE vuelve a construir integración económica a través de sectores estratégicos, pero ahora con una prioridad adicional: la transición climática.
En este sentido, la IAA afectará a empresas de distintos sectores, no sólo el industrial, pues, a grandes rasgos:
- La IAA introduce criterios de emisiones y origen en determinados procedimientos de contratación pública. En determinadas licitaciones, se tendrán en cuenta tanto las emisiones asociadas a los productos como su origen. Estas medidas se aplicarán a sectores que consumen mucha energía -lo que se traduce en que la contratación pública podrá priorizar productos fabricados en la Unión Europea-.
- Propone una etiqueta armonizada de bajas emisiones de carbono, con el fin de orientar la competencia hacia el rendimiento ambiental.
- “Made in the EU” introduce un componente estratégico y geopolítico que tiene impacto directo en la forma en que se diseñan las cadenas de suministro.
En principio, la IAA se centra en productos industriales como el acero o el cemento, pero sus efectos pueden llegar mucho más lejos. El sector agroalimentario -como otros- depende de cadenas de suministro industriales (envases, maquinaria, infraestructuras, transporte, etc.). Así pues, la IAA puede influir en esta cadena que tanto se ve afectada por los cambios geopolíticos.
En resumen: la CECA y la IAA son capítulos diferentes de una misma historia: la UE como proyecto que se construye alrededor de su industria. La primera lo hizo para reconstruir y garantizar estabilidad. La segunda lo hace para modernizar y competir en un mundo descarbonizado.
En ese sentido, la IAA no solo es una ley industrial: es una señal de que la UE vuelve a apostar por la industria como motor de crecimiento, integración y autonomía estratégica. Los sectores deben comprender esa lógica es clave para anticipar el futuro y participar activamente en el proceso legislativo.
