El Consejo de Ministros de Agricultura acaba de reunirse por última vez bajo la presidencia sueca en Luxemburgo centrando el tiro en la propuesta de Reglamento sobre uso sostenible de fitosanitarios.

La propuesta, que se adoptó hace un año, transformará la Directiva actual en Reglamento, lo que se traduce en que será directamente vinculante y aplicable de manera uniforme en todos los Estados miembros.

La propuesta pretende reducir el uso de estos productos un 50 % antes de 2030, objetivo ambicioso en el que Bruselas se la juega entre “sostenibilidad” o plagas en los campos europeos, medida que ha generado una gran controversia al intentar claramente poner fin a la agricultura convencional y promover la ecológica.

Pero ¿se ha tenido en cuenta la evidencia científica y la rentabilidad económica en todo este proceso? Ya veremos qué dice la evaluación de impacto del futuro Reglamento, aunque temo que las decisiones políticas se hayan tomado desde un punto de vista Greta-Thunbergiano (atropelladas, con ira, fuera de contexto y sin tener en cuenta las necesidades del mundo global en el que vivimos), porque no se nos puede olvidar… La sostenibilidad debe ser rentable para que funcione.

Está claro que hay que trabajar en pro de la sostenibilidad ambiental -no hay que ser muy listo para reconocer los impactos del calentamiento global-, pero no se nos pueden olvidar sus otras dos vertientes, que son la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social… Algo que es un gran reto. Y que no se nos olvide, las soluciones a los grandes retos deben tomarse a través de la ciencia y la investigación, porque son éstas quienes tienen respuestas basadas en el rigor.

Sin embargo, no es nuevo que los legisladores tomen las decisiones en función de lo que la sociedad quiere, que no siempre es lo que la sociedad necesita, y parece que la sociedad quiera urgentemente una reducción de fitosanitarios, aunque esto suponga una reducción drástica de las herramientas básicas que tienen los productores para hacer frente a plagas, y enfermedades de las plantas.

Sobra decir que el sector está muy preocupado por estas medidas, pues reducir al 50 % el uso de fitosanitarios no casa con la realidad… ¿cómo si no, se van a reducir en siete años los pulgones, plagas, ácaros, bacterias, hongos, malas hierbas, sin estos productos? El manejo integrado de plagas que se propone tiene muchas limitaciones, y la aprobación de nuevos bioplaguicidas pasa por un proceso lento. Hablando en nombre del sector, recordamos que el registro de sustancias menos toxicológicas, más benévolas y de degradación rápida tarda entre 10 y 12 años…

Sin alternativas eficaces para hacer frente a estos problemas, las consecuencias pueden ser desastrosas para el desafío alimentario, y para afrontarlo, la ciencia y la tecnología son absolutamente necesarias.

Nos estamos enfrentando al cambio climático, a guerras, a enfermedades emergentes, conflictos geopolíticos… Buscamos producir más usando menos, pero para ello es necesario invertir en investigación, en agricultura de precisión, en digitalización, en definitiva, invertir en innovaciones que, en todos los casos, están ligadas a la ciencia, sin embargo, la innovación, si no va acompañada de legislación, no es práctica.

Estamos en un momento clave en el que hemos visto que la alimentación repercute en la paz y en la seguridad mundial, y no se nos puede olvidar que la ciencia y la alimentación están estrechamente relacionadas para garantizar la seguridad alimentaria y para proteger la seguridad pública. Todo lo que vaya en contra de la corriente de estos principios, sería un grave error, y por ello no se deben demonizar las prácticas de producción seguras, medidas de higiene adecuadas y procesos de almacenamiento y transporte eficientes que permiten una respuesta rápida en caso de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos.

En resumen, la ciencia es esencial para garantizar la seguridad alimentaria y proteger la salud pública. La ambición por reducir el uso de fitosanitarios no puede entrar en conflicto con su razón de ser, que es la protección de los cultivos, el aumento de la producción, mejorar la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente a través del control de plagas y enfermedades. Entonces, ¿existen sustitutivos a los fitosanitarios actuales que permitan lograr todo esto? Sólo la voluntad de invertir en investigación podrá responder a ello.

Carmen Báguena Ferratges.