La Organización Europea de Consumidores, BEUC, publicó hace unas semanas un documento titulado “Informed Food Choices For Healthier Consumers”, en el que insiste en que los modelos de información basados en los “semáforos” son los más apropiados para el consumidor.
Estos modelos, denominados también por su término en inglés, traffic lights, indican, mediante un sistema de colores, niveles altos, bajos o medios de determinados nutrientes, lo que a su juicio mejora la capacidad de elección del consumidor y sería una vía indirecta para forzar a la industria a reformular sus productos para, supuestamente, hacerlos más saludables.
Los críticos con el modelo, entre los que me encuentro, argumentan que el carácter simplista llega a confundir al consumidor en vez de ayudarle, que el adjetivo “saludable“ sólo puede acompañar a las dietas y no a los productos individualmente considerados, que hay productos reformulables (las galletas, por ejemplo) y otros no (aceites, etc.) y, sobre todo, que actúan en el acto de la compra discriminando sin base científica la elección del consumidor.
El modelo más conocido de todos, el británico, fue duramente contestado por la industria y algunos Estados miembro de la UE, destacando entre ellos España, lo que finalmente llevo a la Comisión a finales de 2014 a abrir un expediente contra el Reino Unido por posible incumplimiento del Derecho Comunitario, entendiendo que el sistema de traffic lights puede ser discriminatorio y alterar el comercio intracomunitario.
Ahora se suma a la moda Francia, donde un estudio presentado por Que Choisir, revista especializada en el consumo, insiste en la misma idea, aunque un poco más sofisticada, sumando variantes a los tres colores tradicionales (rojo, ámbar y verde). En España ya hay una cadena que utiliza un sistema de semáforos para sus productos y en algún país nórdico existe desde hace tiempo una iniciativa similar.
La Comisión sigue sus trabajos internos de análisis del modelo británico y está recabando información de los operadores y las organizaciones para argumentar su posible denuncia contra el Reino Unido. Estamos pues en un momento crucial para este tipo de sistemas de información al consumidor que se tambalean ante la lupa de Bruselas. Esperemos que la decisión no tarde en hacerse pública y se ponga orden a escala comunitaria.
